El Juzgado Federal de Río Grande dictó un fallo histórico al condenar a las principales automotrices del país a indemnizar a miles de compradores de autos cero kilómetro en Tierra del Fuego. La sentencia, que aún no está firme, establece que empresas como Toyota, Honda, Peugeot, Citroën, Volkswagen y Renault deberán devolver a los consumidores los beneficios fiscales previstos en la Ley 19.640, que no fueron trasladados en el precio final de los vehículos.

La causa, que lleva más de una década en trámite, fue impulsada por una acción colectiva de casi 7.000 consumidores que denunciaron haber pagado precios iguales o superiores a los del territorio continental, a pesar de las exenciones impositivas diseñadas para compensar el mayor costo de vida en la región fueguina. Según la jueza Mariel Borruto, las automotrices desarrollaron una conducta sistemática de apropiación de los beneficios fiscales, absorbiendo el ahorro en su propio beneficio comercial.

La magistrada subrayó que la Ley 19.640 no es un régimen fiscal neutro, sino un instrumento de política pública con objetivos geopolíticos y demográficos específicos para Tierra del Fuego. "Resulta irrazonable que el habitante de Tierra del Fuego pague precios similares a los del continente por un bien que, además, posee restricciones severas al dominio", afirmó en su fallo.

El fallo ordena a las automotrices restituir el perjuicio patrimonial a cada consumidor afectado, calculando el monto según las alícuotas y coeficientes vigentes al momento de la compra, más intereses y una suma adicional en concepto de daño punitivo. La ejecución de la sentencia se realizará una vez que quede firme, y los beneficiarios deberán presentar la documentación correspondiente para calcular la indemnización individual.

Tanto las automotrices como los representantes de los consumidores apelaron la decisión, por lo que la causa fue elevada a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Los abogados de la demanda colectiva advirtieron sobre posibles intentos de estafa y recomendaron a los beneficiarios esperar la etapa de ejecución antes de iniciar gestiones individuales.

El caso, considerado el juicio colectivo más grande de Latinoamérica en el sector, podría sentar un precedente para la política fiscal y la protección de los consumidores en la región. Se prevé que, de persistir el conflicto, la causa llegue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.