Gustavo Gabriel Hamilton, periodista de 61 años, fue detenido en el barrio porteño de Parque Chacabuco tras permanecer prófugo desde julio de 2024. Hamilton había sido condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante contra su expareja, hecho ocurrido en marzo de 2012 en un departamento de Balvanera donde ambos convivían.

La detención fue realizada por efectivos de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI). El operativo se concretó en la intersección de las avenidas Asamblea y La Plata, luego de una investigación que incluyó el análisis de datos personales y perfiles en redes sociales del condenado.

Hamilton, quien se desempeñaba como periodista parlamentario y tenía una trayectoria en medios radiales y escritos, fue hallado culpable en octubre de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1. La sentencia determinó que el abuso se produjo mediante violencia e intimidación. Tras la condena, la defensa presentó recursos cuestionando la verosimilitud del relato de la víctima y la duración del proceso judicial, que se extendió por más de 11 años. Sin embargo, el 28 de junio de 2024, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo y confirmó la condena.

En su resolución, los jueces remarcaron que desacreditar la palabra de una mujer víctima mediante estereotipos de género constituye violencia simbólica, y que las condiciones de vulnerabilidad de la denunciante no impedían la validez de su testimonio. Tras la confirmación de la pena, Hamilton fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura, que finalmente se concretó este 3 de julio.

El caso ha generado repercusión en la opinión pública y medios nacionales, tanto por el perfil del condenado como por el debate sobre la valoración de los testimonios de víctimas en casos de violencia de género. La detención de Hamilton marca el cierre de un extenso proceso judicial y refuerza la aplicación de la ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.