El presidente Javier Milei se encuentra en el centro de una polémica tras la filtración de audios que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en presuntos hechos de corrupción. Los audios, atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, sugieren la existencia de un esquema de coimas y mencionan a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como beneficiaria de un porcentaje de las licitaciones.

Ante la difusión de estos audios, Milei negó haber sido advertido sobre irregularidades y aseguró que, de haber recibido tal información, habría removido a Spagnuolo de inmediato. "Si me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza", afirmó el mandatario en declaraciones radiales. Además, calificó las acusaciones como "chimentos de peluquería" y minimizó la veracidad de los audios, sugiriendo que podrían haber sido manipulados o creados con inteligencia artificial.

Testigos como Fernando Cerimedo y Agustín Rodríguez confirmaron ante la justicia el contenido de los audios, lo que ha incrementado la controversia y la presión sobre el gobierno. Sin embargo, Milei y su entorno insisten en que las acusaciones carecen de fundamento y responden a maniobras de desestabilización política y mediática. El presidente también defendió a su hermana Karina, calificando de "tontas" las versiones que la señalan como beneficiaria de un 3% de las licitaciones, y aseguró que su gestión se caracteriza por la honestidad y la vocación de servicio.

El fiscal Franco Picardi investiga el caso y evalúa llamar a declarar a varios involucrados, mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios han evitado referirse directamente a las denuncias. El escándalo se produce en un contexto de campaña electoral y creciente tensión política, con la oposición y sectores mediáticos buscando capitalizar las denuncias de corrupción.

Milei, por su parte, denunció espionaje ilegal y operaciones mediáticas en su contra, y reiteró su compromiso con el equilibrio fiscal y la transparencia en la gestión pública. La controversia impacta en la imagen del gobierno y en el clima político previo a las elecciones legislativas, mientras la investigación judicial continúa su curso.