La audiencia de apelación por el caso YPF, celebrada en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, marcó un punto de inflexión en el extenso litigio que enfrenta a la Argentina con fondos internacionales tras la expropiación de la petrolera en 2012. El Estado argentino busca revertir el fallo de la jueza Loretta Preska, que lo condenó a pagar US$16.100 millones más intereses, en favor de Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos de litigio.

Durante la audiencia, los jueces pusieron especial énfasis en la cuestión de la jurisdicción, cuestionando si el caso debía ser tratado en Estados Unidos o en Argentina. "Están tratando de convertir a los tribunales de Estados Unidos en un casino", expresó el abogado Robert Giuffra, representante de la defensa argentina, mientras que el abogado de Burford, Paul Clement, defendió la decisión de la jueza Preska. Las preguntas incisivas de los magistrados generaron optimismo en el Gobierno argentino, que considera posible una reversión total del fallo. "La exposición dejó en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino", señaló la Procuración del Tesoro en un comunicado oficial.

El impacto de la audiencia se reflejó rápidamente en los mercados: las acciones de Burford Capital cayeron hasta un 15%, mientras que las de YPF subieron. Sin embargo, los demandantes se mostraron confiados en la solidez de la sentencia y afirmaron que Argentina no presentó información nueva que pudiera cambiar el rumbo del caso.

En paralelo, la jueza Preska solicitó al Gobierno argentino la entrega de chats y correos electrónicos de 35 funcionarios y exfuncionarios, como parte de una investigación para determinar si YPF es un "alter ego" del Estado. Argentina aceptó cooperar y pidió una prórroga hasta el 21 de noviembre para gestionar el consentimiento de los implicados, buscando evitar nuevas sanciones procesales y mostrar buena voluntad ante el tribunal.

El proceso judicial, que lleva más de una década, sigue generando incertidumbre sobre el futuro económico del país. La resolución final de la Corte de Apelaciones podría demorar varios meses y tendrá implicancias en otros litigios similares. Mientras tanto, el Gobierno argentino mantiene la esperanza de revertir el fallo y aliviar la carga financiera que representa para la nación.