El domingo por la mañana, un trágico hecho sacudió la Ruta Provincial 13, a unos 10 kilómetros del puente de Kilka, en dirección a Zapala, Neuquén. Mabel Rosana López Fernández, oriunda de Cutral Co, falleció tras caer en una camioneta por un barranco, en un episodio que la fiscalía calificó como femicidio. Su pareja, A.R., fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género, y quedó bajo prisión preventiva por dos meses mientras avanza la investigación.

Según la reconstrucción judicial, los hechos comenzaron el día anterior en Moquehue, donde la pareja y dos trabajadores se alojaban en una cabaña realizando tareas de albañilería. Durante la noche, tras compartir alcohol, A.R. agredió físicamente a la mujer, golpeándola en el rostro y el cuerpo. La víctima logró huir en la madrugada y fue auxiliada por los trabajadores, quienes la acompañaron caminando hacia Villa Pehuenia. En el trayecto, López Fernández relató la agresión y se comunicó con su hermano para informarle lo sucedido.

Horas más tarde, en la zona de la Aduana, A.R. localizó a la víctima y la convenció de regresar en dirección a Cutral Co. Durante el viaje, testigos afirmaron que la pareja discutió en guaraní y que la mujer le recriminó la agresión. Al llegar a la zona del puente de Kilka, el acusado pidió a los trabajadores que descendieran del vehículo, alegando que necesitaba hablar a solas con su pareja. Fue entonces cuando, según la fiscalía, aceleró y desvió bruscamente la camioneta hacia el precipicio. La víctima, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, no pudo escapar y sufrió graves lesiones. Murió mientras era trasladada al hospital de Zapala.

La fiscal Laura Pizzipaulo, a cargo de la investigación junto a la asistente letrada Margarita Ferreyra, sostuvo que el acusado intentó encubrir el hecho al declarar en el hospital que se trató de un accidente. Además, solicitó la prisión preventiva al considerar que, por tener doble nacionalidad y medios económicos, existe riesgo de fuga y de influencia sobre los testigos, uno de ellos menor de edad. La jueza de garantías Bibiana Ojeda aceptó la formulación de cargos y fijó cuatro meses para completar la investigación.

Por su parte, la defensa de A.R. planteó que no hubo intención homicida y solicitó que el hecho sea calificado como homicidio culposo. Sin embargo, la jueza coincidió con la fiscalía y dictó la prisión preventiva. El caso generó conmoción en la región y reavivó el debate sobre la violencia de género y los femicidios en Argentina, mientras la investigación continúa.