Una ola de ataques y amenazas contra medios de comunicación y periodistas se desató en el Área Metropolitana de Buenos Aires tras la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fallo, ratificado por la Corte Suprema, generó una escalada de tensión política y social que se tradujo en hechos de violencia y vandalismo.

El martes 10 de junio, militantes encapuchados irrumpieron en las instalaciones de TN, perteneciente al Grupo Clarín, causando destrozos materiales y pintadas amenazantes. "Rompieron todo en serio", relató el periodista Jonatan Viale durante la transmisión en vivo, mientras el canal mostraba imágenes de los daños. El hecho fue repudiado por figuras del canal y motivó la implementación de nuevos protocolos internos: los periodistas y productores de TN recibieron la instrucción de limitarse a informar, evitando opiniones o editorializaciones para no agravar la situación en la calle.

La violencia no se limitó a TN. Otros medios, como OLGA TV, Neura Media y Radio Rivadavia, también sufrieron ataques y amenazas. En algunos casos, las fachadas de los edificios fueron vandalizadas con pintadas intimidatorias dirigidas a periodistas y conductores. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció una seguidilla de hechos intimidatorios y advirtió sobre el riesgo que estos episodios representan para la libertad de prensa y la integridad de los trabajadores de medios.

La investigación policial identificó a un ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández, José Lepere, y a otros militantes de La Cámpora como presuntos responsables de los destrozos en TN. Hasta el momento, una persona fue detenida y la pesquisa continúa para dar con el resto de los implicados.

El clima de hostilidad se vio agravado por protestas y cortes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, organizados por sindicatos y agrupaciones sociales afines al kirchnerismo. Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner insiste en denunciar persecución política y parcialidad judicial, mientras que la oposición y organizaciones civiles repudian la violencia y exigen garantías para el ejercicio del periodismo.

La situación evidencia la creciente polarización en la sociedad argentina y plantea interrogantes sobre la protección de la libertad de expresión y el rol de los medios en contextos de alta conflictividad política.