El Gobierno nacional oficializó este viernes la eliminación de la obligatoriedad de las jornadas educativas sobre educación vial y violencia de género en las escuelas de todo el país. La medida, establecida mediante el Decreto 436/2025 y publicada en el Boletín Oficial, deroga artículos clave de las leyes 27.234 y 27.214, transfiriendo la responsabilidad de estas actividades a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, argumenta que la coexistencia de organismos como el Observatorio de la Educación Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial generaba una superposición de funciones, contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria. Según el texto oficial, la eliminación de estas estructuras permitirá optimizar el uso de recursos públicos y reducir el gasto estatal.

En el caso de la Ley 27.234, que establecía la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, el Ejecutivo sostiene que la organización de estas actividades no corresponde al Estado nacional, ya que la administración educativa fue transferida a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires. El decreto remarca que mantener esta obligación sobre el Poder Ejecutivo Nacional resulta innecesario y contrario a la autonomía jurisdiccional.

Respecto a la Ley 27.214, el Observatorio de la Educación Vial, creado hace casi una década, nunca llegó a funcionar plenamente. El Gobierno considera que su existencia, junto al Consejo Federal de Seguridad Vial, implicaba una duplicación de estructuras y funciones.

La decisión se enmarca en la política general del Gobierno de reducir el tamaño del Estado y eliminar organismos considerados innecesarios o redundantes. El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su revisión, en cumplimiento de la normativa vigente.

Mientras el Ejecutivo defiende la medida como un paso hacia una gestión pública más eficiente y descentralizada, sectores críticos advierten sobre el posible debilitamiento de políticas de igualdad y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. La eliminación de las jornadas “Educar en Igualdad” ha generado debate sobre el alcance y la transparencia de la decisión, especialmente por su inclusión en un decreto centrado en educación vial.