La investigación por la muerte de al menos 96 pacientes tras el uso de fentanilo contaminado en Argentina avanza con la declaración de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. García Furfaro, principal imputado en la causa, prestó declaración durante seis horas, en las que intentó deslindar responsabilidades y acusó a su excolaborador Andrés Quinteros de estar detrás de una supuesta conspiración que involucraría a la competencia farmacéutica y funcionarios políticos.

El caso se centra en la producción, distribución y venta de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, fabricados en diciembre de 2024 y distribuidos en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba. El Hospital Italiano de La Plata fue el primero en reportar la contaminación bacteriana, lo que llevó a la intervención de la ANMAT y al inicio de la investigación judicial. Los análisis realizados por el Instituto Malbrán confirmaron la presencia de bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica en las ampollas, asociadas a la muerte de los pacientes.

La causa involucra a 17 imputados, entre ellos directores técnicos, familiares de García Furfaro y otros empleados de los laboratorios. Varios de ellos se encuentran detenidos, mientras que otros han solicitado excarcelación. La fiscalía investiga la posible omisión de recupero farmacéutico y adulteración de medicamentos, delitos que podrían acarrear penas de hasta 25 años de prisión según el Código Penal.

Durante su declaración, García Furfaro insistió en que la contaminación fue producto de una acción deliberada y que la ANMAT no alertó a tiempo sobre los riesgos. También denunció una operación mediática en su contra y afirmó que está en quiebra. Por su parte, la ANMAT y la fiscalía señalaron graves fallas en los controles de calidad y en la gestión de los laboratorios, mientras que familiares de las víctimas y trabajadores afectados reclaman justicia y esclarecimiento de los hechos.

El caso ha puesto en evidencia las deficiencias en la fiscalización de laboratorios y la seguridad de los medicamentos en Argentina, generando un debate sobre la responsabilidad empresarial y la necesidad de fortalecer los controles sanitarios. El proceso judicial continúa, mientras se analizan las consecuencias y se busca determinar las responsabilidades de todos los involucrados.