El sector vitivinícola argentino se encuentra en el centro de una controversia tras la presentación de un proyecto de ley que busca eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Esta entidad, creada en 2004 como un organismo público-privado, ha sido objeto de críticas por parte de Bodegas de Argentina, que cuestiona su transparencia y efectividad.

Desde su creación, la COVIAR ha administrado 230 millones de dólares en aportes públicos y privados, de los cuales 52 millones provinieron de la provincia de San Juan. Según Bodegas de Argentina, los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola 2020, como alcanzar exportaciones por 2.000 millones de dólares y una participación del 10% en el mercado mundial, no se cumplieron. En cambio, las exportaciones se limitaron a 791 millones de dólares y la participación global fue del 3,7%.

El proyecto de ley, impulsado por el diputado Damián Arabia, cercano al gobierno de Javier Milei, propone derogar la ley que creó la COVIAR, argumentando que los aportes obligatorios representan una carga innecesaria para las bodegas. Arabia sostiene que la vitivinicultura debe organizarse de manera autónoma, sin intervención estatal ni financiamiento público.

Por su parte, el presidente de la COVIAR, Mario González, defendió la gestión de la entidad y atribuyó los incumplimientos a la inestabilidad económica del país. González destacó que el costo de la COVIAR representa apenas el 0,015% de la facturación del vino y calificó las críticas como "mezquinas".

El debate ha polarizado al sector. Mientras algunas cámaras y productores apoyan la eliminación de la COVIAR, otras destacan su rol en la promoción del vino y la generación de datos estratégicos. En San Juan, las opiniones están divididas, con sectores que critican la obligatoriedad de los aportes y otros que valoran los logros de la entidad.

El gobierno de San Juan ha adoptado una postura neutral, destacando tanto los logros como las falencias de la COVIAR. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, señaló que existen "luces y sombras" en el funcionamiento de la entidad y subrayó que la decisión final debe surgir del consenso entre los actores privados.

La discusión sobre la continuidad de la COVIAR refleja tensiones más amplias sobre el rol del Estado en la economía y la representación de intereses sectoriales. Mientras tanto, el futuro de la entidad y su impacto en la industria vitivinícola argentina siguen siendo inciertos.