La provincia de Buenos Aires enfrenta un complejo escenario político tras la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La decisión, aprobada por la Legislatura bonaerense, ha desatado un intenso debate sobre la necesidad de modificar los plazos electorales establecidos por la Ley 5.109, que data de 1946.

La Junta Electoral bonaerense, encabezada por Hilda Kogan, ha advertido que los plazos actuales son inviables para procesar las candidaturas y oficializar las boletas de manera adecuada. Según la normativa vigente, solo se disponen de 30 días entre el cierre de listas y la elección, y 20 días para la presentación de boletas. "Es casi imposible cumplir con estos términos en un padrón que supera los 14 millones de electores", señaló Kogan.

En reuniones recientes, la Junta Electoral ha propuesto extender los plazos a 50 días para el cierre de listas y 30 días para la oficialización de boletas. Esta propuesta ha sido discutida en la Comisión de Reforma Política de la Legislatura, donde participaron legisladores de todos los bloques, así como el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Sin embargo, las tensiones políticas han dificultado el avance de un consenso.

El debate ha evidenciado divisiones internas en el peronismo bonaerense. Sectores alineados con el gobernador Axel Kicillof han criticado la falta de apoyo de La Cámpora y otros grupos dentro del oficialismo. "No se puede tolerar que nosotros, que somos oficialismo, pongamos palos en la rueda", declaró la diputada Susana González. Por su parte, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense, acusó a ciertos sectores de "extorsionar" al gobernador.

La oposición, en tanto, ha mostrado disposición para colaborar en la modificación de los plazos, aunque con reservas sobre ciertos aspectos del cronograma. "Es importante garantizar que el pueblo vote con tranquilidad", afirmó Diego Garciarena, diputado de la UCR.

El contexto actual refleja una lucha interna por el liderazgo dentro del peronismo bonaerense, así como desafíos logísticos y operativos significativos para organizar las elecciones, previstas para el 7 de septiembre. La falta de consenso podría afectar la legitimidad del proceso electoral y plantea interrogantes sobre la capacidad de los actores políticos para garantizar un proceso transparente y eficiente.

En este escenario, la política tendrá la última palabra, mientras la Junta Electoral y los legisladores buscan un acuerdo que permita adecuar los plazos a las necesidades actuales. La próxima reunión de la Comisión de Reforma Política será clave para definir el rumbo de este debate.