El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una de las mayores crisis de su historia tras el anuncio de una profunda reforma impulsada por el Gobierno nacional. El plan, liderado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, contempla una reducción significativa de personal, el cierre de agencias y estaciones experimentales, y una reestructuración del Consejo Directivo que otorgaría mayor control al Poder Ejecutivo en detrimento de universidades y entidades del sector agropecuario.

Según Ariel Pereda, director nacional del INTA, la planta de trabajadores ya se redujo en 650 personas en el último año y medio, y se proyecta que para fines de 2025 la reducción alcance el 16%. Además, se prevé la eliminación de la autarquía administrativa y financiera del organismo, lo que, según Pereda, "condicionará la toma de decisiones y pondrá en riesgo la esencia técnica del INTA". El funcionario advirtió que la continuidad de estos recortes podría ser "irreversible" y afectar programas estratégicos como el mejoramiento genético, bancos de germoplasma y ensayos para vacunas.

El ajuste ha generado una ola de protestas y movilizaciones en todo el país. Trabajadores y gremios, como ATE y APINTA, realizaron asambleas y abrazos simbólicos a sedes del INTA, mientras que científicos y productores expresaron su preocupación por el futuro de la investigación y la extensión rural. La inminente clausura de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del AMBA, que brinda soporte a la mayor zona florifrutihortícola del país, es uno de los puntos más sensibles del conflicto.

Desde el Gobierno, Sturzenegger argumenta que el INTA consume recursos excesivos y que la reforma es necesaria para modernizar y ordenar el organismo. Sin embargo, entidades como la Federación Agraria y la Mesa de Enlace sostienen que los cambios propuestos "desarticulan el objeto y el espíritu de la ley de creación del INTA" y ponen en riesgo la competitividad del agro argentino.

El debate se da en un contexto de ajuste general del Estado y reorganización de organismos públicos. Gobernadores y legisladores provinciales han manifestado su preocupación por el impacto en las economías regionales y la pérdida de capacidades técnicas. Mientras tanto, el futuro del INTA y su rol en la producción agropecuaria argentina permanece incierto, a la espera de definiciones políticas y posibles instancias de diálogo entre el Gobierno y los actores involucrados.