El Gobierno argentino ha generado controversia al autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte en casos de flagrancia. Esta medida, enmarcada en la Operación Roca, busca reforzar la seguridad en una región afectada por el narcotráfico y el crimen organizado. Según el ministro de Defensa, Luis Petri, la autorización ya está contemplada en el Código Procesal Penal y en decretos presidenciales, aunque críticos argumentan que viola la Ley de Seguridad Interior.

La Operación Roca implica el despliegue de hasta 10,000 efectivos militares en zonas rurales de la provincia de Salta, en colaboración con fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura. Las reglas de empeñamiento, que regulan el uso de armamento y las detenciones, son de carácter reservado, lo que ha generado preocupación por posibles abusos. Petri defendió la medida como una herramienta necesaria para combatir el narcotráfico y proteger la soberanía nacional.

Sin embargo, la decisión ha sido duramente criticada por exministros, legisladores y activistas. Abel Cornejo, exjuez y exministro de Seguridad de Salta, calificó la medida como inconstitucional y señaló que debería ser debatida en el Congreso. "La Ley de Seguridad Interior prohíbe a las Fuerzas Armadas actuar en conflictos internos", afirmó. Otros críticos, como la periodista Luciana Bertoia, señalaron que la medida es una "provocación simbólica" y advirtieron sobre las implicaciones legales para los militares involucrados.

El contexto regional también es relevante. La frontera norte enfrenta amenazas de narcotráfico y crimen organizado, con más de 200 bandas criminales operando en la región, según expertos. Países vecinos como Bolivia y Colombia han enfrentado debates similares sobre el rol militar en seguridad interna.

La medida ha polarizado a la opinión pública y podría tener implicaciones significativas en el debate legislativo futuro. Mientras tanto, el despliegue militar continuará hasta diciembre de 2025, con el objetivo de reforzar la seguridad en una de las regiones más vulnerables del país.