El juez federal Marcelo Bailaque, quien se desempeña en Rosario, enfrenta graves acusaciones de corrupción, incumplimiento de deberes y prevaricato. Este miércoles, será imputado formalmente en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900, en un caso que ha generado gran repercusión en el ámbito judicial y político.

Las investigaciones, lideradas por fiscales de la Procunar y Procelac, se centran en tres expedientes clave. En uno de ellos, se señala la relación de Bailaque con el contador Gabriel Mizzau, quien trabajaba tanto para el juez como para el narcotraficante Esteban Alvarado. Según los fiscales, esta conexión habría influido en decisiones judiciales que beneficiaron al capo narco, como la denegación de intervenciones telefónicas a personas clave en la investigación.

Otro expediente investiga el manejo irregular de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque permitió el giro de mil millones de pesos hacia una mutual vinculada a un amigo personal, en lugar de una entidad bancaria regulada por el Banco Central. Esta acción fue cuestionada por fiscales y estibadores, quienes señalaron un claro conflicto de interés.

El tercer caso involucra el presunto armado de causas contra empresarios, en complicidad con el exjefe de la AFIP Carlos Vaudagna. Este último, ahora testigo arrepentido, confesó haber participado en maniobras extorsivas junto a Bailaque, incluyendo la creación de denuncias falsas para obtener beneficios económicos. Vaudagna también reveló detalles de reuniones y comunicaciones con el juez, que coinciden con fechas clave en las investigaciones.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Bailaque continúa en funciones y dictando sentencias. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura ha intensificado su investigación, aprobando la remisión de los expedientes y evaluando posibles sanciones. Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación, aseguró que el organismo actuará con "celeridad y firmeza" para esclarecer los hechos.

La audiencia de imputación, programada para este miércoles, será un momento crucial en el caso. Con nuevas pruebas incorporadas, como pericias de celulares y análisis patrimoniales, los fiscales buscarán avanzar hacia un juicio político que podría resultar en la destitución del magistrado. Mientras tanto, el caso sigue generando indignación pública y cuestionamientos sobre la ética en el sistema judicial argentino.