La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el pedido de desafuero del diputado nacional Emiliano Estrada, representante de Unión por la Patria por Salta, quien enfrenta una investigación por presunto peculado y abuso de autoridad. Según la acusación, Estrada habría utilizado fondos públicos y personal del Congreso para crear campañas de desinformación en redes sociales, vinculando a funcionarios y empresarios con el narcotráfico en la provincia de Salta.

La causa se originó tras la viralización de videos anónimos en plataformas como TikTok, en los que se denunciaba la existencia de un supuesto “Estado narco” y se señalaba a figuras políticas y empresariales. Dos exasesores de Estrada, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, admitieron su participación en la creación de estos contenidos y fueron condenados en un juicio abreviado a un año y cuatro meses de prisión condicional.

El expediente, que comenzó en la justicia provincial de Salta, fue derivado al fuero federal bajo la jueza Mariela Giménez, tras declararse incompetente la justicia local. El fiscal federal Carlos Amad impulsó la citación de Estrada a una audiencia de formalización, a la que el diputado no se presentó, argumentando indefinición sobre el juez competente, falta de precisión en la imputación y amparo constitucional por su inmunidad parlamentaria.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, rechazó los argumentos de la defensa y sostuvo que la inmunidad parlamentaria protege el ejercicio de la función legislativa, pero no actos ajenos a ella, como el presunto uso de recursos públicos para campañas anónimas. El tribunal también remarcó que la competencia judicial en disputa no suspende la investigación.

Con este fallo, el pedido de desafuero de Estrada deberá ser tratado por la Cámara de Diputados de la Nación, donde la Comisión de Asuntos Constitucionales ya analiza el caso. Solo si el Congreso aprueba el desafuero, la justicia podrá avanzar formalmente con el proceso penal. El mandato de Estrada concluye el 10 de diciembre de 2025, lo que podría incidir en los tiempos y consecuencias del caso. La defensa aún puede recurrir a la Corte Suprema, aunque esto no detiene el trámite parlamentario.