El Tribunal Oral Federal N° 5 ha reactivado la causa Hotesur y Los Sauces, en la que se investiga a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Este caso, que había sido elevado a juicio en 2019, estuvo detenido hasta que la Corte Suprema ordenó su reanudación en diciembre de 2024.

La causa se centra en las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, que habrían sido utilizadas como vehículos para lavar dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas. Según la acusación, los contratos de alquiler de propiedades y hoteles eran simulados y servían para justificar transferencias de dinero de empresarios cercanos al kirchnerismo, como Lázaro Báez y Cristóbal López.

El tribunal ha ordenado una serie de medidas de prueba, incluyendo peritajes contables y solicitudes de información a empresas de servicios públicos y administraciones de propiedades en Puerto Madero y Santa Cruz. También se busca determinar si existieron retornos económicos durante la adjudicación de obras públicas en favor de Báez. Entre las propiedades investigadas se encuentran departamentos en Puerto Madero y terrenos en Santa Cruz.

El fiscal Diego Velasco ha sido uno de los principales impulsores de la reactivación del caso, insistiendo en la necesidad de un juicio oral para esclarecer los hechos. Este será el primer juicio en el que Cristina y Máximo Kirchner estarán juntos en el banquillo de los acusados, junto con otros empresarios y funcionarios implicados.

La causa está estrechamente vinculada al caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados por corrupción. Según la justicia, el dinero proveniente de las obras públicas era utilizado para operaciones privadas con la familia Kirchner, incluyendo contratos simulados de alquiler.

El impacto de este caso podría ser significativo, tanto en términos judiciales como políticos. Mientras la fiscalía busca avanzar con el juicio, la defensa de los Kirchner ha intentado frenar el proceso en varias instancias. La opinión pública sigue dividida, con sectores que consideran a los acusados culpables y otros que ven el caso como una persecución política.

Con más de 150 testigos aprobados para el juicio, el Tribunal Oral Federal N° 5 deberá fijar próximamente la fecha de inicio del debate oral. Este proceso promete ser uno de los más relevantes en la historia judicial reciente de Argentina, con implicaciones que podrían trascender el ámbito legal y afectar el panorama político del país.