El Gobierno nacional anunció la finalización de las obras de saneamiento del Riachuelo, una intervención que beneficiará a 4,5 millones de personas en el Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó la obra como una de las más importantes en materia de saneamiento en la historia argentina y destacó que permitirá mejorar el servicio de cloacas en una vasta región densamente poblada.

Durante la conferencia de prensa, Adorni subrayó que la finalización de la obra principal habilita nuevas intervenciones para extender el servicio a 1,5 millones de personas adicionales en municipios del sur del Conurbano. Además, remarcó que el proyecto responde a un fallo judicial de 2009 que obligaba al Estado nacional a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, y que la administración actual cumplió con la sentencia de la Corte Suprema, la cual levantó la supervisión judicial directa en octubre de 2024.

Sin embargo, el anuncio generó controversia política. Malena Galmarini, exdirectora de AySA, sostuvo que la obra fue completada durante la gestión anterior y que la demora en la puesta en marcha se debió a la falta de pago de la actual administración. Galmarini también defendió la transparencia de su gestión y criticó el uso político del anuncio, advirtiendo sobre posibles planes de privatización de la empresa estatal de agua y saneamiento.

El Gobierno, por su parte, acusó a la gestión anterior de irregularidades y retrasos, y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de los contratos públicos, incluso aquellos heredados de administraciones previas. Adorni señaló que la obra evitará el desborde de líquidos cloacales que históricamente han contaminado el río, mejorando así la calidad ambiental y sanitaria de la región.

El saneamiento del Riachuelo representa una de las demandas ambientales y sociales más persistentes en la agenda pública argentina. La finalización de la obra marca un avance significativo en la mejora de la salud pública y la calidad de vida de millones de habitantes, aunque el debate político sobre la autoría y la gestión de los recursos públicos continúa abierto.