El 6 de mayo de 2024, un incendio intencional en un hotel residencial del barrio porteño de Barracas, Buenos Aires, resultó en la muerte de tres mujeres lesbianas y dejó a una sobreviviente. El ataque, perpetrado por Justo Fernando Barrientos, de 68 años, ha sido calificado por organizaciones sociales como un crimen de odio, aunque la justicia argentina aún no lo reconoce como tal.

Las víctimas, Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, fallecieron días después del ataque debido a las graves quemaduras sufridas. La única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, ha liderado los reclamos para que el caso sea caratulado como un lesbicidio. Según la abogada de Castro Riglos, Luciana Sánchez, el juez a cargo, Edmundo Rabbione, no ha aplicado una perspectiva de género en la investigación, lo que ha llevado a la pérdida de pruebas clave y a la revictimización de la sobreviviente.

El ataque ocurrió en un contexto de creciente violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ en Argentina. Las víctimas vivían en condiciones de hacinamiento en una habitación del hotel, lo que refleja la vulnerabilidad socioeconómica de muchas personas de esta comunidad. Según testigos, Barrientos había hostigado a las mujeres previamente y lanzó una bomba molotov en su habitación la noche del ataque.

A un año del incidente, organizaciones LGBTIQ+ y colectivos sociales han realizado marchas y festivales en memoria de las víctimas y para exigir justicia. La movilización más reciente tuvo lugar en Plaza Colombia, donde se recordó a las víctimas y se denunció la falta de acción estatal. "Fue lesbicidio", corearon los manifestantes, exigiendo que la justicia reconozca la especificidad del crimen.

El caso ha puesto en evidencia las falencias del sistema judicial argentino en el tratamiento de crímenes de odio y violencia de género. La falta de preservación de la escena del crimen y la ausencia de medidas adecuadas para investigar el caso han sido ampliamente criticadas. Además, el contexto político y social, marcado por discursos de odio desde sectores gubernamentales, ha exacerbado la situación.

La comunidad LGBTIQ+ ha respondido con organización y resistencia, visibilizando el caso y denunciando la discriminación sistemática. "La violencia contra personas lesbianas y LGBTI+ se agrava en un contexto marcado por declaraciones estigmatizantes y dañinas", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El caso sigue abierto, y la sociedad argentina espera que la justicia actúe con celeridad y perspectiva de género para garantizar que hechos como este no se repitan.