La reciente muerte de cinco integrantes de una familia en el barrio porteño de Villa Devoto por intoxicación con monóxido de carbono ha reavivado el debate sobre la prevención de este tipo de tragedias en Argentina. El hallazgo, ocurrido el 1 de julio tras el aviso de un vecino, puso en evidencia la persistencia de un problema que cada año se cobra entre 200 y 250 vidas en el país, según datos oficiales.

El monóxido de carbono, conocido como el “asesino invisible” por ser inodoro e incoloro, es responsable de miles de intoxicaciones anuales. Solo en 2023, el Ministerio de Salud registró 40.000 casos. A pesar de la existencia de soluciones tecnológicas desarrolladas localmente, como el sistema patentado por el científico Miguel Ponce del CONICET, que corta automáticamente el suministro de gas al detectar el gas tóxico, la falta de legislación ha impedido su adopción masiva. “Hace más de 20 años que desarrollamos esta tecnología, y las muertes por monóxido siguen ocurriendo”, lamentó Ponce, quien subrayó que el costo de implementación es bajo y la tecnología ya se utiliza en otros países.

En respuesta a la tragedia, la diputada nacional Micaela Morán (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que busca declarar de interés público la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono. La iniciativa propone obligar a fabricantes e importadores de artefactos a gas a incorporar dispositivos de corte automático, exigir la instalación de detectores en organismos públicos, promover campañas de concientización y ofrecer incentivos fiscales y líneas de crédito para la adaptación de instalaciones domiciliarias. “El CO es el ‘asesino invisible’ porque es inodoro, incoloro y no irrita. Cada año mueren unas 200 personas por esta causa en el país, todas evitables con medidas adecuadas”, afirmó Morán.

El proyecto se inspira en experiencias internacionales donde la instalación de detectores es obligatoria y ha demostrado ser efectiva para reducir las muertes. Sin embargo, iniciativas similares han fracasado en el Congreso en el pasado, lo que evidencia una deuda pendiente en materia de políticas públicas de salud y seguridad. Mientras tanto, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de revisar anualmente las instalaciones a gas y ventilar los ambientes, aunque reconocen que la prevención estructural requiere cambios legislativos y tecnológicos de fondo.