El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra en el centro de una investigación judicial que podría definir su futuro político y personal. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, otorgó un plazo de 48 horas a la defensa de Bolsonaro para que explique el incumplimiento de medidas cautelares y el riesgo de fuga, luego de que la Policía Federal encontrara en su celular un borrador de solicitud de asilo político dirigido al presidente argentino Javier Milei. El documento, de 33 páginas, permanecía en el teléfono desde 2024 y, aunque no estaba firmado ni fechado, su contenido sugiere que Bolsonaro consideraba la posibilidad de buscar refugio en Argentina alegando persecución política.

La defensa del ex mandatario negó rotundamente que Bolsonaro haya solicitado asilo o contemplado fugarse del país. Sin embargo, las autoridades brasileñas sostienen que existen pruebas suficientes para sospechar de un plan de evasión, especialmente tras el inicio de la investigación por el intento de golpe de Estado en 2022, cuando Bolsonaro perdió las elecciones ante Luiz Inácio Lula da Silva.

El caso se complica con la denuncia de la Policía Federal sobre movimientos bancarios sospechosos entre 2023 y 2025, que indicarían lavado de dinero por unos 30,5 millones de reales. Además, se investiga la posible coordinación de acciones en el exterior, incluyendo la promoción de sanciones y aranceles a Brasil desde Estados Unidos, con la supuesta colaboración de su hijo Eduardo Bolsonaro y el interés del ex presidente estadounidense Donald Trump.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha endurecido su postura, advirtiendo que sus sanciones tienen efectos extraterritoriales y que cualquier apoyo a violadores de derechos humanos podría acarrear graves consecuencias. En este contexto, el juez De Moraes ha sido señalado como "tóxico" para empresas e individuos que busquen acceder al mercado estadounidense.

El juicio penal contra Bolsonaro, que podría iniciarse el 2 de septiembre, contempla una posible pena de hasta 40 años de prisión por liderar una conspiración golpista para impedir la asunción de Lula da Silva. El proceso judicial y las investigaciones por lavado de dinero y coacción internacional mantienen en vilo a la política brasileña y generan repercusiones diplomáticas en la región.

Mientras tanto, la defensa insiste en la inocencia de Bolsonaro y rechaza las acusaciones de fuga y asilo, mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas y evaluando el alcance de las acciones del ex presidente y su entorno. El desenlace del caso podría tener implicaciones significativas para la democracia brasileña y las relaciones internacionales en América Latina.