La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina ha tomado un giro decisivo tras el pedido de nulidad absoluta presentado por los empresarios involucrados. Los dueños de la droguería, la familia Kovalivker, solicitaron ante el juez federal Sebastián Casanello que se declare nula la causa, argumentando que la investigación se originó a partir de audios obtenidos de manera ilícita y que vulneran derechos constitucionales, especialmente el derecho a la intimidad.

El pedido fue presentado mientras la Policía de la Ciudad realizaba allanamientos en las sedes de ANDIS y de la droguería, en busca de documentación sobre compras de medicamentos realizadas por el Estado nacional. Según la defensa, encabezada por el abogado Martín Magram, el proceso judicial se ha llevado adelante "a espaldas de la defensa", impidiendo el correcto ejercicio del derecho de defensa y generando "oscurantismo y desinformación". Magram sostuvo que "el material probatorio existe pero no está, brinda información pero no sabemos a ciencia cierta quién, ni cuándo", y que la grabación que dio origen a la causa viola el derecho a la intimidad previsto en la Constitución Nacional.

Durante los allanamientos, la Justicia incautó evidencia digital, libros contables y registros de sistemas, además de encontrar grandes sumas de dinero en efectivo en domicilios de los empresarios. El juez Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los investigados, así como el bloqueo de acceso a cajas de seguridad y la intervención de organismos financieros para rastrear posibles sobornos.

El caso involucra a funcionarios de alto perfil, como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, y Eduardo "Lule" Menem, asesor presidencial, quienes fueron mencionados en los audios que originaron la investigación. El Gobierno ha desmentido las acusaciones y atribuye el caso a una operación política con fines electorales.

La causa, que se originó tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón y la difusión de audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, pone en la mira la transparencia de los procesos de compra de medicamentos por parte del Estado y la relación con sus principales proveedores. Mientras la Justicia avanza en la reconstrucción del presunto circuito de sobornos, la defensa de los empresarios insiste en la nulidad absoluta del proceso y denuncia una "caza de brujas". El desenlace judicial podría escalar hasta la Corte Suprema, en un caso que mantiene en vilo al Gobierno y al sector de la salud pública.