El Gobierno nacional oficializó la derogación del sistema de tarifas de referencia para el transporte automotor de cereales, oleaginosas y derivados, vigente desde 2016. Mediante la Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte dispuso que los valores orientativos que hasta ahora servían de guía para la contratación de fletes quedarán sin efecto, en el marco de un proceso de desregulación y simplificación administrativa.

La medida implica que los precios de los fletes quedarán sujetos a la libre negociación entre dadores de carga y transportistas, sin la obligación de consignar una tarifa de referencia en la Carta de Porte. Según el texto oficial, el Estado solo intervendrá ante denuncias puntuales por conductas anticompetitivas, dejando atrás el esquema de mesas de negociación participativa que involucraban al sector público y privado.

El sistema derogado había sido creado en 2016 por la entonces Secretaría de Gestión de Transporte, con el objetivo de establecer un marco de referencia para el transporte de productos agropecuarios de jurisdicción nacional. En ese contexto, se conformó la llamada “Mesa de Negociación Participativa”, integrada por cámaras empresariales de transportistas, entidades agrarias y organismos estatales. A partir de informes de costos, se definía periódicamente una tarifa orientativa que servía como parámetro de mercado.

En los últimos años, varias organizaciones se retiraron formalmente de estas mesas. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL) habían expresado que la dinámica de costos debía trasladarse a negociaciones privadas, sin intervención estatal. En paralelo, la Sociedad Rural Argentina planteó que la mejor política era la libertad de mercado, permitiendo acuerdos directos entre productores y transportistas.

El texto de la Resolución 48/2025 señala que, pese a que los valores de referencia fueron concebidos como simples guías, “han sido objeto de diversas interpretaciones respecto de su aplicación, dando lugar a acuerdos divergentes”. En este marco, la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas consideró necesario “eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica”.

Asimismo, el documento destaca que en marzo de este año representantes de transportistas y dadores de carga firmaron un acta acuerdo con un nuevo cuadro tarifario de alcance nacional, surgido del consenso entre las partes sin intervención de la autoridad pública. Ese antecedente fue determinante para avanzar hacia la derogación de las resoluciones previas.

La eliminación de las tarifas de referencia representa un cambio estructural para la logística del agro, uno de los sectores más sensibles del comercio exterior argentino. El transporte automotor de granos es clave en la dinámica de exportación, ya que conecta los centros de producción con los puertos y terminales de embarque. Con el nuevo esquema, las tarifas quedarán completamente expuestas a las condiciones del mercado: oferta y demanda, disponibilidad de unidades, estacionalidad de las cosechas y costos de insumos como combustibles y repuestos.

La medida puede favorecer a los grandes actores con capacidad de negociación y flotas propias, mientras que los pequeños transportistas podrían enfrentar mayor presión en las discusiones de precios. Del lado de los productores, la eliminación de un marco tarifario común abre la posibilidad de acuerdos más flexibles, pero también de mayor dispersión de valores entre regiones. Con esta decisión, el Estado abandona un rol de mediador que ejerció durante casi una década y transfiere la responsabilidad plena de definir tarifas al ámbito privado. Se consolida así un nuevo escenario para la logística del agro, donde la competitividad dependerá cada vez más de la eficiencia operativa y de la capacidad de negociación de los distintos eslabones de la cadena.