La Justicia argentina avanza en el decomiso de bienes pertenecientes a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la incautación de más de 100 propiedades, con un valor total que supera los 684.990 millones de pesos, tras la condena por administración fraudulenta de fondos públicos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Entre los bienes afectados se encuentran inmuebles en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires, incluyendo el departamento de Constitución donde reside Cristina Kirchner, el Hotel Los Sauces y una extensa estancia en Alto Río Senguer. La medida también alcanza a propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner en 2016, así como a activos de empresas vinculadas a la familia y a Báez.

La resolución judicial establece que la Corte Suprema será la encargada de inventariar, tasar y decidir el destino final de los bienes decomisados, que podrán ser destinados a utilidad pública o rematados. El proceso, considerado dinámico y progresivo, podría ampliarse si el monto recuperado no cubre el perjuicio calculado al Estado.

Las defensas de los Kirchner han cuestionado la legitimidad del decomiso, argumentando la falta de nexo causal entre los bienes y los delitos investigados, y han solicitado la anulación de la ejecución. Sin embargo, los jueces sostienen que la coincidencia temporal y la razonabilidad económica son suficientes para justificar la medida, que busca evitar que el delito rinda frutos y reparar el daño causado a la sociedad.

El caso Vialidad, que investigó la adjudicación irregular de 51 licitaciones viales a empresas de Báez, es considerado uno de los más importantes en la lucha contra la corrupción en Argentina. El Ministerio Público Fiscal trabaja en nuevas etapas de ejecución patrimonial y en la transparencia del proceso, mientras continúan las disputas judiciales y las reacciones políticas en torno a la medida.