El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén continúa su curso tras la finalización de la etapa de pruebas por parte de la fiscalía. Durante 21 jornadas, 48 testigos y peritos desfilaron ante el tribunal, exponiendo la magnitud de un fraude que, según los informes periciales, superó los mil millones de pesos en perjuicio al Estado provincial. La investigación, iniciada en 2022 tras la denuncia de un beneficiario, reveló una red de extracciones irregulares de fondos públicos mediante el uso de tarjetas de débito ajenas, involucrando a 14 imputados entre exfuncionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y el Banco Provincia de Neuquén.

La contadora Melisa Benítez Jaccod, pieza clave en la acusación, presentó un informe patrimonial que detalló inconsistencias bancarias y modos de vida difíciles de justificar para varios imputados. Sin embargo, su trabajo fue duramente cuestionado por las defensas, que la acusaron de evasivas y contradicciones, llegando incluso a formalizar una denuncia ante el Colegio de Contadores por presuntas violaciones éticas y falta de independencia profesional. "Las conclusiones a las que arribaron son inexactas y parciales, elaboradas en favor de su empleador, el Ministerio Público Fiscal", sostuvo el abogado Alfredo Cury en su presentación.

Las audiencias también pusieron en evidencia graves fallas en los controles internos del Ministerio de Desarrollo Social y el Banco Provincia de Neuquén. Testigos relataron cómo los expedientes carecían de folios, fechas y firmas, y cómo los controles eran, en muchos casos, simulados. El gerente ejecutivo de Administración del Banco Provincia, Alejandro Ponchiardi, y el asesor penal Juan Manuel Coto, explicaron que la investigación interna no halló cómplices, pero sí detectó la falta de sincronización entre áreas de control. El gobernador Rolando Figueroa expresó públicamente sus dudas sobre el desconocimiento de los directivos bancarios respecto a la maniobra.

Por su parte, Marcos Osuna, ex jefe de informática y señalado por la fiscalía como líder de la banda, negó haber coordinado extracciones de dinero y aseguró que su rol era administrativo. Admitió haber cobrado cheques para repartir efectivo en el interior, pero sostuvo que no se enriqueció durante el período investigado y que los pagos en efectivo respondían a decisiones políticas.

El juicio avanza ahora con la declaración de los testigos propuestos por la defensa, mientras el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita deberá evaluar la solidez de las pruebas y los argumentos presentados. El caso expone profundas debilidades en la gestión y control de fondos públicos en la provincia, y se espera que las próximas audiencias sean determinantes para el futuro de los imputados y la administración estatal.