La Justicia Federal de Mar del Plata dictó el procesamiento de decenas de integrantes de los grupos financieros Jonestur y Transcambio, acusados de conformar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero proveniente de la corrupción kirchnerista, el narcotráfico y la trata de personas. La resolución, firmada por el juez Santiago Inchausti, señala que estas estructuras actuaron como "lavadores profesionales", canalizando millones de dólares a través de complejas redes de empresas offshore y cuentas bancarias en Andorra y Panamá.

Según la investigación, impulsada por la fiscal Laura Mazzaferri y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el dinero era captado en Mar del Plata y Buenos Aires, transferido al exterior y finalmente blanqueado mediante inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Entre los principales beneficiarios se encuentran testaferros del fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su entorno, quienes ocultaron parte de su fortuna en el extranjero.

El fallo judicial impuso embargos de hasta $50.000 millones para los principales imputados y $10.000 millones para otros, con el objetivo de garantizar la devolución de fondos a los ahorristas perjudicados. Muchas víctimas denunciaron haber perdido sumas cercanas al medio millón de dólares en inversiones canalizadas por Jonestur. La investigación también abarca el patrimonio de Francisco Fernando García Navarro, histórico presidente del grupo, y ordenó el decomiso de bienes y cuentas en el exterior.

En 2023, directivos de Jonestur y Transcambio reconocieron delitos financieros ante la justicia de Andorra y aceptaron multas millonarias para evitar la prisión en ese país. Sin embargo, en Argentina, el juez Inchausti resolvió no dictar prisión preventiva, al considerar que los imputados se mantuvieron a derecho y no existe riesgo de fuga.

El caso, que se desprende de la causa "Cuadernos" y fue revelado parcialmente por los "Panama Papers", expone la magnitud de las redes de lavado de dinero en el país y la connivencia de sectores económicos, políticos y policiales. La investigación, iniciada en 2014, continúa su curso y podría derivar en un juicio oral, mientras los damnificados reclaman la recuperación de sus ahorros y la justicia busca recuperar activos en el exterior.