El dirigente social Juan Grabois fue liberado este domingo tras haber sido detenido por la toma del Instituto Juan Domingo Perón, un edificio recientemente cerrado por el gobierno de Javier Milei. Grabois, junto a un grupo de militantes, ingresó el sábado al inmueble ubicado en la ciudad de Buenos Aires, rompiendo una puerta y enfrentándose con efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes custodiaban el lugar. Según fuentes oficiales, durante el incidente cuatro agentes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

La detención de Grabois, acusado de usurpación, daños y lesiones, generó un fuerte cruce político. El gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, justificó la acción policial y remarcó: “El que toma, va preso. La decisión fue clara con el que usurpa con violencia y golpeando a policías; entramos y los sacamos”. Bullrich negó que se tratara de una operación política y sostuvo que la medida busca enviar un mensaje de orden y respeto a la propiedad pública.

Por su parte, Grabois denunció una persecución política y defendió la protesta como pacífica, argumentando que el objetivo era reclamar el derecho a la memoria histórica y evitar el “avasallamiento” del patrimonio nacional. “No tengo una imputación específica, y no hubo orden de desalojo. Hay una imputación genérica por intrusión en un lugar donde hubo permanencia pacífica de manifestantes”, declaró tras su liberación.

El Instituto Perón fue cerrado el mes pasado en el marco de las políticas de austeridad y despolitización impulsadas por el gobierno de Milei. El edificio y sus bienes fueron transferidos a la órbita del Ministerio de Capital Humano, y el restaurante que funcionaba en el lugar, gestionado por una cooperativa, está bajo investigación por presuntas irregularidades. El gobierno aseguró que el inmueble no será vendido y que su destino podría ser una biblioteca pública.

El episodio reavivó el debate sobre la preservación de la memoria histórica, el uso de bienes estatales y los límites de la protesta social. Mientras sectores afines a Grabois denuncian un intento de borrar la historia y criminalizar la protesta, el oficialismo sostiene que la medida es parte de una política de orden y transparencia. El caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y social, en un contexto de alta polarización.