El presidente argentino Javier Milei autorizó, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el ingreso de tropas estadounidenses para participar en ejercicios militares conjuntos en territorio nacional. La medida, oficializada a través del DNU 697/2025 y publicada en el Boletín Oficial, permite la llegada de unos 30 efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el ejercicio "Tridente", que se desarrollará entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en las bases navales de Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano.

El decreto también habilita la salida de tropas argentinas a Chile para el ejercicio "Solidaridad". Según el Gobierno, el objetivo es "mejorar la interoperabilidad y fortalecer las capacidades nacionales en escenarios de crisis", en línea con acuerdos de cooperación militar vigentes desde la década de 1990. El Ministerio de Defensa considera que estos intercambios ofrecen "beneficios tangibles en el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la consolidación de alianzas internacionales".

Sin embargo, la decisión ha generado un fuerte debate político y jurídico. Habitualmente, la autorización para el ingreso de tropas extranjeras requiere la aprobación del Congreso, como establece el artículo 75 de la Constitución Nacional. En esta ocasión, el Ejecutivo argumentó la "naturaleza excepcional" del contexto para recurrir al DNU, lo que fue cuestionado por sectores opositores y constitucionalistas, quienes advierten sobre una posible "cesión de soberanía militar" y la creación de un precedente para futuros despliegues.

El vocero presidencial y funcionarios del Ministerio de Defensa negaron que la medida esté vinculada a acuerdos financieros o geopolíticos con Estados Unidos, en medio de un contexto de crisis económica y apoyo explícito de Donald Trump a la gestión de Milei. "Los ejercicios de nuestras fuerzas con las de Estados Unidos se vienen planificando desde principios de año", afirmó el vocero Manuel Adorni, subrayando que se trata de prácticas habituales en el marco de la cooperación internacional.

La Comisión Bicameral Permanente del Congreso deberá revisar la validez del DNU en los próximos días, aunque los ejercicios ya tienen cronograma confirmado. Mientras tanto, el debate sobre la legalidad y las implicancias estratégicas de la medida continúa en el centro de la agenda política argentina.