La situación de Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, ha generado una fuerte controversia en el Senado argentino. Su diploma fue impugnado por el Partido Justicialista y otros sectores, quienes alegan que la legisladora tiene antecedentes penales y vínculos con el narcotráfico, basándose en una detención en Estados Unidos en 2002 y su relación con personas investigadas por delitos similares.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió un dictamen recomendando el rechazo del diploma de Villaverde, lo que impediría su asunción y permitiría que su lugar sea ocupado por el siguiente candidato de la lista de La Libertad Avanza. Este dictamen fue firmado por senadores de Unión por la Patria y otros bloques opositores, mientras que el oficialismo y sus aliados anticiparon la presentación de un dictamen propio en defensa de la senadora electa.

El debate se centra en la sesión del 28 de noviembre, donde el pleno del Senado, con su nueva composición, deberá decidir si Villaverde asume su banca. Según el reglamento, los senadores electos pueden votar sobre la validez de los títulos de los nuevos legisladores, excepto en su propio caso. El oficialismo sostiene que la voluntad popular y la habilitación judicial deben prevalecer, mientras que la oposición argumenta que los antecedentes de Villaverde representan un riesgo para la integridad del Congreso.

El senador cordobés Luis Juez defendió públicamente a Villaverde, afirmando: "No tiene nada pendiente. Nosotros no somos un obstáculo para que esta mujer... no pueda ocupar su banca". Por el contrario, el senador José Mayans fue categórico al rechazar su aceptación: "No podemos permitir que una persona con relación directa con el narcotráfico esté acá sentada". La senadora Florencia López también sumó críticas, señalando la existencia de antecedentes probados.

El caso de Villaverde revive debates históricos sobre la idoneidad moral de los legisladores y la posibilidad de impugnar diplomas tras la elección. La Corte Suprema ha sostenido en fallos previos que, salvo inhabilitación previa, un legislador electo debe ser aceptado. La decisión del Senado sentará un precedente relevante para futuros casos y pone en discusión los límites entre la voluntad popular y los estándares éticos en la política argentina.