El Gobierno nacional intensifica las gestiones para lograr la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso, en medio de un complejo entramado de negociaciones con gobernadores y bloques legislativos. El ministro del Interior, Diego Santilli, se ha convertido en el principal articulador de los acuerdos, realizando una serie de reuniones con mandatarios provinciales de distintos signos políticos. El objetivo oficialista es claro: asegurar la mayoría necesaria para sancionar la ley de leyes antes de fin de año, en sesiones extraordinarias.

Las conversaciones han girado en torno a la devolución de fondos de coparticipación, la resolución de deudas previsionales y la reactivación de obras públicas paralizadas. Los gobernadores, conscientes de su poder de negociación, han planteado exigencias concretas a cambio de su respaldo. "Sé que todos tienen reclamos, pero la agenda la impone Javier Milei", habría señalado Santilli en varios de estos encuentros, según fuentes cercanas al Gobierno.

En paralelo, el oficialismo ha sumado nuevos aliados en ambas cámaras, fortaleciendo su bloque y buscando captar legisladores independientes o de fuerzas menores. Sin embargo, persisten tensiones con sectores del PRO y la UCR, que atraviesan sus propias disputas internas y condicionan su apoyo a la inclusión de demandas provinciales en el Presupuesto.

El bloque de Convicción Federal, vinculado a gobernadores del norte, presentó un proyecto para modificar la administración de fondos retenidos para el ARCA, proponiendo una reducción de la alícuota y una distribución automática de excedentes entre provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa cuenta con respaldo transversal, aunque el oficialismo aún no ha dado una respuesta definitiva.

El cronograma parlamentario prevé que la discusión del Presupuesto se inicie tras la jura de los nuevos legisladores, con la intención de que la ley sea aprobada antes de las fiestas de fin de año. No obstante, fuentes parlamentarias advierten que el éxito de la estrategia oficialista dependerá de su capacidad para satisfacer, al menos en parte, los reclamos provinciales y evitar el desgaste de las expectativas generadas.

En este contexto, el Gobierno busca enviar una señal de estabilidad institucional tanto a nivel interno como ante los socios internacionales, especialmente en Washington, que observan con atención el desarrollo de las reformas económicas y políticas impulsadas por la administración Milei.