El sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) atraviesa un momento crítico en Argentina, luego de que el Congreso debatiera la posible eliminación de la exención fiscal que sostiene su funcionamiento. Este beneficio, vigente desde hace tres décadas, permite que miles de pequeñas y medianas empresas accedan a financiamiento en condiciones favorables, respaldando actualmente créditos por más de $3 billones y sosteniendo cerca de 500.000 empleos en todo el país.

La discusión parlamentaria se originó a raíz de la ley de incremento jubilatorio, que incluía en su artículo 10 la eliminación de la exención impositiva a los aportes de las SGR como mecanismo de financiamiento. Si bien el presidente Javier Milei vetó la norma, restituyendo el beneficio, el Congreso aún tiene la posibilidad de revertir el veto, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro del sistema.

Autoridades sectoriales y empresarios advierten que la eliminación de la exención, que representa apenas el 0,027% del PBI, tendría consecuencias graves para el tejido productivo nacional. "Estamos hablando de destruir una política pública que funciona desde hace casi 30 años", señaló Rafael Galante, presidente de CRECER SGR, quien remarcó que el sistema ha sido clave para transformar a empresas sin acceso al crédito en sujetos bancarios confiables. Según datos oficiales, el 77% del financiamiento SGR se destina a microempresas y el 18% a pequeñas, con fuerte impacto en inclusión financiera y generación de empleo.

En Córdoba, epicentro de los debates y eventos sectoriales, más de 5.000 pymes locales cuentan con avales SGR, lo que les ha permitido crecer y acceder a nuevas líneas de crédito. Empresarios como Lucio Ferez (Ecipsa) y Hugo Moccagatta (Starplastic) destacaron en recientes jornadas el rol fundamental del sistema en el desarrollo de sus compañías. "No tuvimos un parate en julio, lo que da cuenta de la fortaleza del sistema", afirmó Pilar Vázquez, directora nacional del régimen SGR.

El respaldo al sistema es transversal: cámaras empresarias, bancos, entidades del mercado de capitales y gobiernos provinciales coinciden en la necesidad de sostener el régimen. "Más créditos es más producción, y más producción es mayor movilidad empresarial", expresó Ignacio Moraco, vicepresidente de CASFOG. El debate se da en un contexto de reformas fiscales y jubilatorias, donde la tensión entre financiamiento productivo y gasto social pone en juego el futuro de una herramienta considerada virtuosa para el desarrollo pyme argentino.

A medida que el Congreso define su postura, el sector productivo reclama fortalecer el sistema SGR y evitar medidas que puedan desfinanciarlo, advirtiendo que el impacto negativo sería inmediato en empleo, inversión y recaudación fiscal. El desenlace de la discusión será clave para el futuro de miles de empresas y trabajadores en todo el país.