La disputa por la herencia de la reconocida intelectual argentina Beatriz Sarlo sumó un nuevo capítulo judicial tras la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de revocar la exclusión de su esposo, Alberto Sato, como heredero. El tribunal también apartó al juez Carlos Goggi, quien había dispuesto la exclusión de Sato por considerar que la pareja estaba separada de hecho, aunque nunca se divorciaron formalmente desde su matrimonio en 1966.

La controversia se intensificó con la aparición de dos manuscritos presentados por Melanio Meza López, encargado del edificio donde Sarlo residía en el barrio porteño de Caballito. Los documentos, fechados en 2024 y atribuidos a Sarlo, designan a Meza López como responsable de su gata Niní y del departamento tras su fallecimiento. La autenticidad de estos escritos, que podrían constituir un testamento ológrafo según la legislación argentina, está siendo evaluada mediante pericias caligráficas.

El fallo de la Cámara coincidió con el dictamen del fiscal Juan Ignacio Lorenzutti, quien se opuso a la exclusión de Sato. Además, el tribunal ordenó la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el expediente, ante la posibilidad de que no existan herederos directos, lo que habilitaría la transferencia de los bienes al Estado.

La defensa de Sato, encabezada por el abogado Agustín Lipovsek Albores, calificó de "arbitraria" la decisión inicial del juez Goggi y cuestionó la falta de medidas para preservar el patrimonio de Sarlo. Sato sostiene que, pese a la separación, mantenían un vínculo privado y que su intención es destinar el legado de Sarlo a fines filantrópicos y culturales.

Por su parte, Meza López argumenta que los manuscritos reflejan la voluntad de Sarlo de dejarle el departamento y la tenencia de su mascota. Sin embargo, la defensa de Sato pone en duda que los textos constituyan un testamento válido, ya que el lenguaje utilizado no sería suficientemente claro en cuanto a la intención de cesión patrimonial.

El proceso sucesorio enfrenta ahora a tres partes: Sato, Meza López y el Gobierno porteño. Entre los bienes en disputa figuran dos propiedades y los derechos de autor de la obra de Sarlo. Mientras tanto, la comunidad intelectual y cultural sigue de cerca el desenlace del caso, que podría influir en la preservación del legado de una de las figuras más influyentes de la literatura y el pensamiento argentino contemporáneo.