El reciente veto presidencial al reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) profundizó la tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, especialmente aquellos nucleados en el espacio Provincias Unidas. La medida, que anuló una ley aprobada con amplia mayoría en el Congreso, fue justificada por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien sostuvo que los ATN deben destinarse exclusivamente a situaciones de emergencia y no a gastos corrientes de las provincias.

El veto coincidió con los primeros días de Catalán en su nuevo cargo y con renovados intentos del Ejecutivo por recomponer el diálogo con los mandatarios provinciales. Sin embargo, la reacción de los gobernadores no se hizo esperar. Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, acusó al presidente Javier Milei de aplicar una política de "soberbia" similar a la de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. "Molesta la falta de respeto, el grito constante, la agresión verbal", expresó Vidal, quien además reclamó la restitución de los fondos para sostener programas educativos y de salud en las provincias.

En paralelo, el grupo Provincias Unidas, que reúne a gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Corrientes y Santa Cruz, realizó su lanzamiento nacional en Río Cuarto y anunció la intención de sumar nuevos integrantes tras las elecciones legislativas. El espacio busca consolidarse como una alternativa federal frente a lo que consideran políticas centralizadoras y discriminatorias del Gobierno nacional.

Mientras tanto, el Senado se prepara para debatir la posibilidad de revertir el veto presidencial. El antecedente de la votación original, con 56 votos a favor y solo uno en contra, alimenta el optimismo de la oposición respecto a la viabilidad de rechazar la medida del Ejecutivo. "El Gobierno tendrá que acatar cuando el Congreso le pone límites", advirtió el senador Eduardo Vischi.

La estrategia del oficialismo apunta a fragmentar a los gobernadores entre dialoguistas y opositores, manteniendo reuniones con algunos mandatarios considerados aliados. Sin embargo, la desconfianza y la falta de acuerdos concretos dificultan la recomposición del vínculo institucional. En este contexto, la disputa por los fondos y la puja por el federalismo se convierten en ejes centrales de la agenda política, con impacto directo en el escenario electoral y en la gobernabilidad futura.