La fábrica de cosechadoras Vassalli, ubicada en la ciudad santafesina de Firmat, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. El conflicto, que involucra a cerca de 280 trabajadores, se agravó en los últimos días tras la expulsión de la senadora provincial Florencia Arietto, quien se presentó en la planta como abogada de la empresa en medio de una huelga por sueldos impagos.

Los empleados, que reclaman el pago de salarios atrasados desde junio y julio, el medio aguinaldo y aumentos paritarios, se encuentran sin cobertura de obra social y enfrentan deudas personales que, según denuncian, ascienden a entre 1,5 y 3 millones de pesos por persona. La situación llevó a la paralización total de la producción y a la realización de protestas, cortes de ruta y asambleas diarias en el acceso a la fábrica.

La presencia de Arietto, quien había anunciado en redes sociales su viaje a Firmat para "defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM", generó un fuerte rechazo entre los trabajadores. "No es que el sindicato nos aprieta, es que no tenemos sueldos ni obra social. Hay compañeros con cortes de luz y órdenes de desalojo", explicaron desde la planta. La senadora fue abucheada y obligada a retirarse, mientras la empresa optó por no presentarse a las audiencias laborales convocadas por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, enviando solo una carta en la que responsabilizó al gremio por la paralización.

El conflicto expone la grave crisis financiera de Vassalli, una empresa emblemática de la maquinaria agrícola nacional, que ha atravesado ciclos de cierres, reaperturas y cambios de dueños en la última década. En enero de 2024, el empresario entrerriano Eduardo Marsó adquirió la firma y prometió inversiones que no se concretaron. El sindicato denuncia que los sueldos vienen pagándose en cuotas y con atrasos desde 2024, lo que ha deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores.

La industria nacional de maquinaria agrícola enfrenta, además, una creciente competencia de equipos importados y dificultades de financiación, lo que agrava la situación de empresas como Vassalli. Mientras tanto, la comunidad de Firmat, que depende económicamente de la planta, observa con preocupación el desarrollo de un conflicto que amenaza la estabilidad social y laboral de la región. Los trabajadores insisten en que su reclamo es legítimo y advierten que la protesta continuará hasta obtener respuestas concretas.