La Justicia federal de La Plata aceptó al Ministerio de Salud de la Nación como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculado a la muerte de al menos 52-53 pacientes en hospitales y clínicas de Argentina. La decisión, tomada por el juez Ernesto Kreplak, responde a la solicitud de la cartera sanitaria, que fundamentó su pedido en el interés legítimo del Estado de contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública.

El expediente principal tramita en el Juzgado Federal 3 de La Plata y se centra en la responsabilidad de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y su fabricante exclusivo, Laboratorios Ramallo. Ambos están inhabilitados para producir medicamentos tras detectarse desvíos de calidad en la elaboración de ampollas de fentanilo, en las que se hallaron bacterias multirresistentes como Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti. El brote fue detectado inicialmente en el Hospital Italiano de La Plata, donde 15 de 18 pacientes infectados fallecieron tras recibir el medicamento.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de todos los productos de HLB Pharma y colabora activamente con la Justicia, aportando informes técnicos y documentación relevante. El caso tiene alcance nacional, con muertes reportadas en hospitales de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, entre otros.

Por su parte, HLB Pharma niega las acusaciones y denuncia una campaña de desprestigio mediático y competencia desleal. En un comunicado, la empresa aseguró que cumple con todos los protocolos de calidad y que la contaminación hospitalaria es "imposible" en su entorno. Los directivos aún no han sido imputados ni llamados a declarar, y la investigación continúa sin detenidos.

El caso ha generado preocupación en el sector sanitario y entre familiares de las víctimas, quienes exigen transparencia y justicia. El Gobierno y los hospitales afectados buscan reforzar los controles y esclarecer las responsabilidades, mientras la Justicia avanza en la revisión de expedientes y la recolección de pruebas. El desenlace de la causa podría tener implicancias significativas para la regulación y control de la industria farmacéutica en Argentina.