El Gobierno nacional oficializó la derogación de una serie de programas de vivienda, entre ellos Casa Propia, Procrear y Argentina Construye, y dispuso el traspaso de la gestión de obras inconclusas a las provincias y municipios. La medida, publicada el 19 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1199/2025, responde a la política de reducción de la estructura estatal y busca una mayor eficiencia en la administración de la obra pública.

Según el texto oficial, los programas derogados no cumplían con los criterios de eficiencia necesarios en el contexto actual. Entre las normativas eliminadas se encuentran el Programa Federal Argentina Construye, el Plan Nacional de Suelo Urbano y el Programa Casa Propia - Construir Futuro, entre otros. Además, se establecen nuevos lineamientos para la gestión de convenios de obras en curso, facultando a la Secretaría de Obras Públicas a gestionar incumplimientos y a las entidades subnacionales a asumir el financiamiento de las obras, con la posibilidad de recuperar fondos bajo ciertas condiciones.

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, remarcó que la resolución "destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear". "La resolución establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras", añadió.

El nuevo esquema de financiamiento implica que las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán asumir la finalización de las obras, implementando sistemas de recupero de fondos y actualizaciones según la variación de la Unidad de Vivienda (UVI). Se prevén excepciones para hogares vulnerables y beneficiarios de urbanizaciones en villas y asentamientos, así como mecanismos de compensación y recuperación de fondos para las jurisdicciones.

La decisión se enmarca en la emergencia pública declarada hasta diciembre de 2025 y sigue la línea de descentralización y eficiencia impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Fuentes periodísticas advierten sobre el impacto de la medida en hogares vulnerables y la carga financiera que deberán asumir las provincias y municipios. La continuidad de las obras dependerá de la capacidad de las autoridades locales para gestionar los fondos y finalizar los proyectos, en un contexto de incertidumbre y cambios en la política habitacional nacional.