Víctor Díaz, un peón rural de origen paraguayo que residía en San Vicente, provincia de Buenos Aires, fue despedido tras once años de trabajo en una estancia. El motivo, según relató el propio Díaz y confirmaron fuentes sindicales, fue la publicación de videos en redes sociales donde mostraba su vida cotidiana en el campo. La noticia cobró relevancia nacional luego de que un video viralizara su emotiva despedida de una de sus perras, generando una ola de solidaridad y debate sobre las condiciones laborales en el sector rural.

Díaz explicó que fue notificado de su despido de manera sorpresiva y que el empleador argumentó que sus publicaciones resultaban ofensivas para el entorno laboral. "Me dijeron que ofendía a la gente con mis videos, pero yo nunca mostré ni nombré a nadie. Siempre filmé mi trabajo, mis caballos, mis perros", declaró Díaz. Tras la viralización del caso, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires inspeccionó la estancia y constató graves irregularidades: cables expuestos, falta de elementos de protección personal y condiciones insalubres tanto en el puesto de trabajo como en la vivienda.

La cartera laboral intimó al empleador a regularizar la relación laboral y adecuar las condiciones de salud y seguridad. "Detrás de cada historia hay una injusticia que no podemos dejar pasar", afirmó Natalia Sánchez Jauregui, secretaria de Organización de UATRE, el sindicato de trabajadores rurales. El caso fue presentado como un ejemplo de la precarización que afecta a miles de trabajadores del sector, especialmente en un contexto de desregulación laboral.

Díaz, por su parte, recibió numerosas ofertas laborales y apoyo social tras la difusión de su historia. "Me llamaron de muchas empresas y hasta de Brasil para ofrecerme ayuda", contó. El Ministerio de Trabajo bonaerense recordó que existen canales abiertos para denunciar situaciones similares y reiteró su compromiso con la fiscalización y defensa de los derechos laborales en el sector rural. El caso de Víctor Díaz reavivó el debate sobre la protección de los trabajadores rurales y la necesidad de controles más estrictos en el cumplimiento de la normativa laboral.