La investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina avanza con nuevos allanamientos y medidas cautelares en Buenos Aires. El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron el viernes una serie de operativos en la sede de ANDIS y en las oficinas de la droguería, en busca de pruebas sobre supuestos pagos ilegales y contratos irregulares en la provisión de medicamentos.

Eduardo Kovalivker, principal accionista de Suizo Argentina, se presentó en los tribunales de Comodoro Py y entregó su teléfono celular, cumpliendo con la orden de requisa. Sus hijos, Jonathan y Emmanuel, también investigados, ya habían entregado sus dispositivos, aunque sin facilitar las claves de acceso, lo que dificulta el trabajo de los peritos judiciales. Durante los allanamientos en las viviendas de los hermanos Kovalivker, la policía secuestró 266.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo, además de documentación y registros digitales.

La causa se inició tras la difusión de audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se describe un presunto circuito de coimas y se menciona directamente a la droguería Suizo Argentina y a funcionarios cercanos al oficialismo, como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. El Gobierno ha desmentido las acusaciones y sostiene que se trata de una operación con fines electorales.

Los investigadores levantaron el secreto bancario y fiscal de los principales involucrados y bloquearon el acceso a sus cajas de seguridad. En los allanamientos, la justicia reportó escasa colaboración por parte de la empresa, a pesar de que públicamente había declarado estar a disposición de los organismos de control. Finalmente, la policía logró retirar evidencia digital y correos electrónicos laborales que serán analizados para rastrear la ruta de los fondos.

En paralelo, el Gobierno dispuso una auditoría interna en ANDIS y designó a Alejandro Vilches como interventor para analizar posibles irregularidades en los procesos de compra. Se identificaron pagos con sobreprecios en el programa Incluir Salud, destinado a la compra de medicamentos para personas sin cobertura médica.

El caso ha puesto bajo la lupa contratos por más de 54.975 millones de pesos entre Suizo Argentina y el Estado en menos de un año, y mantiene en vilo a la opinión pública por la magnitud de los fondos y la posible afectación de recursos públicos. La investigación sigue en curso, con peritajes sobre los dispositivos secuestrados y nuevas medidas judiciales previstas para los próximos días.