El Senado argentino protagonizó esta semana un episodio histórico al rechazar, con una abrumadora mayoría, los vetos presidenciales de Javier Milei a leyes clave para la distribución de fondos y el financiamiento de áreas sensibles. La Cámara alta votó con 59 votos a favor y solo 9 en contra para revertir el veto a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, una medida consensuada por 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño ante la discrecionalidad y subejecución de esos fondos por parte del Ejecutivo.

La decisión del Senado se suma a los rechazos previos en la Cámara de Diputados sobre los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, evidenciando el creciente aislamiento político del oficialismo. Para que los vetos queden definitivamente sin efecto, la Cámara de Diputados deberá ratificar la decisión con una mayoría especial de dos tercios, un desafío que la oposición busca alcanzar en las próximas sesiones.

El debate parlamentario se desarrolló en un clima de fuerte tensión financiera, con el dólar y el riesgo país en alza. El ministro de Economía, Luis Caputo, acusó al Congreso de "romper el equilibrio fiscal" y de intentar "voltear al Presidente", mientras que el presidente Milei respondió con críticas a la oposición, calificándolos de "kukas disfrazados de republicanos" y llamando a sus aliados a defender la gestión oficialista.

Legisladores opositores argumentaron que la reforma del ATN es necesaria para eliminar la discrecionalidad en el reparto de fondos y garantizar recursos automáticos para atender emergencias provinciales. "Esta ley fue vetada al mismo tiempo que se anunciaba la creación de una mesa de diálogo con los gobernadores. ¿Qué tipo de diálogo se inicia con un cachetazo a los interlocutores?", cuestionó la senadora Mónica Silva. Por su parte, Martín Lousteau subrayó que "no se le saca plata al Gobierno", sino que los recursos pertenecen a las provincias y deben ser distribuidos en casos de emergencia.

El proyecto de ATN implica un costo fiscal de 0,03% del PIB, mientras que la actualización de fondos universitarios representa entre 0,14% y más de $1.500 millones, según distintas estimaciones. La ley de emergencia pediátrica, por su parte, obligaría a actualizar los sueldos del personal y mejorar la atención sanitaria, con un gasto adicional anualizado de $133.433 millones.

El resultado legislativo es interpretado como un golpe a la estrategia de Milei y un fortalecimiento de la agenda opositora, en un contexto de crisis política y económica. El futuro de estas leyes dependerá de la capacidad de la oposición para reunir los votos necesarios en Diputados y de la respuesta del Gobierno ante la pérdida de apoyo en el Congreso.