Una serie de protestas estudiantiles sacudió la Ciudad de Buenos Aires tras la confirmación de la condena e inhabilitación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema. Desde el miércoles 11 de junio, estudiantes de al menos 15 colegios secundarios y varias facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron tomar los establecimientos en rechazo al fallo judicial, al que califican de antidemocrático y proscriptivo.

La medida fue adoptada en asambleas estudiantiles y se extendió rápidamente a otras instituciones, con la participación de agrupaciones de diferentes orientaciones políticas. En paralelo, un paro nacional docente convocado por la Confederación de Docentes Universitarios (Conadu) amplificó la protesta, sumando reclamos por la pérdida salarial y el deterioro de la educación pública.

En Ciudad Universitaria, la toma incluyó por primera vez el cierre de todos los accesos, aunque la medida fue levantada en la mayoría de las facultades tras asambleas interclaustros. Sin embargo, el estado de alerta y movilización persiste, con la realización de clases públicas y actividades culturales en los espacios tomados.

El Consejo Superior de la UBA rechazó por amplia mayoría un proyecto para repudiar el fallo de la Corte Suprema, evidenciando divisiones internas en la comunidad académica. Mientras tanto, rectores y autoridades de varias universidades nacionales emitieron comunicados críticos, denunciando un "golpe al corazón del sistema republicano".

Las protestas se desarrollan en un contexto de creciente tensión política y crisis en la educación pública, con antecedentes de recortes presupuestarios y reformas educativas cuestionadas por el movimiento estudiantil. Los manifestantes sostienen que la condena a Cristina Kirchner representa un quiebre en los derechos y libertades democráticas, y advierten que continuarán movilizados hasta que se revierta la situación.

Por su parte, sectores opositores al kirchnerismo consideran que las tomas tienen un trasfondo político y cuestionan su legitimidad. El futuro del conflicto dependerá de las próximas definiciones políticas y de la respuesta de las autoridades educativas y judiciales.