El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó la Resolución 458/2025, publicada en el Boletín Oficial, que introduce una profunda actualización en el control y registro de productos fitosanitarios en Argentina. La nueva normativa busca agilizar los trámites, reforzar la seguridad y alinear la regulación local con los principales estándares internacionales, especialmente los promovidos por la OCDE.

A partir de ahora, la autorización para la producción, importación y comercialización de fitosanitarios se basará en la presentación de una declaración jurada por parte de los establecimientos, que deberán contar con un director técnico responsable. Esta autorización será automática, aunque quedará sujeta a fiscalización posterior por parte de Senasa. Además, se crea un Registro Nacional de Productos Fitosanitarios, donde se incorporarán tanto los productos nuevos como los ya existentes.

Uno de los cambios más relevantes es el reconocimiento de equivalencias internacionales: los productos aprobados en países con normativas consideradas equivalentes, como Estados Unidos, la Unión Europea o Brasil, podrán ingresar al mercado argentino mediante un trámite simplificado. Sin embargo, los productos provenientes de países no incluidos en esa lista deberán cumplir con el proceso completo de registro.

La resolución también incorpora el Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS) para la clasificación y etiquetado de productos químicos, lo que permitirá advertencias más claras y uniformes sobre los riesgos asociados. Asimismo, se establecen protocolos estrictos para la experimentación y ensayos a campo, y se exige trazabilidad y monitoreo ambiental en toda la cadena de producción y comercialización.

Senasa sostiene que la medida acompaña la evolución del sector agrícola con reglas claras y modernas, facilitando la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. No obstante, algunos sectores advierten sobre una posible relajación de controles y cuestionan la reciprocidad internacional en el acceso a mercados. La resolución entrará en vigencia a los 90 días de su publicación y se espera que tenga un impacto significativo en la competitividad de las pymes y en la seguridad alimentaria nacional.