El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut revocó dos fallos judiciales en casos de abuso sexual ocurridos en Puerto Madryn, ordenando la realización de nuevos juicios por jurados y señalando la falta de perspectiva de género en las decisiones previas. En uno de los casos, la jueza Stella Maris Eizmendi había absuelto al acusado basándose en la interpretación de que existió consentimiento por parte de la víctima, considerando como indicio un abrazo previo entre ambos. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión, argumentando que se trató de una interpretación parcial de las pruebas y que correspondía que el caso fuera juzgado por un jurado popular. El STJ le dio la razón a la acusación, sostuvo que la magistrada excedió su competencia funcional y ordenó retrotraer el proceso para que se realice una nueva audiencia preliminar ante otro juez.

En el segundo caso, un tribunal conformado por tres juezas absolvió a un imputado de abuso sexual contra su expareja, argumentando que la contextura física de la víctima hacía "imposible" el delito. A pesar de que los peritajes médicos confirmaron lesiones compatibles con abuso sexual y la credibilidad del testimonio de la víctima, el tribunal otorgó el beneficio de la duda al acusado. La Fiscalía apeló la resolución, cuestionando la falta de perspectiva de género y la fundamentación lógica y jurídica del fallo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino, anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, enfatizando la obligación de los órganos judiciales de adoptar un enfoque de género en estos casos.

Ambos fallos previos fueron criticados por organizaciones sociales y el Ministerio Público Fiscal, quienes destacaron la importancia de analizar integralmente la prueba y el contexto de violencia de género. El STJ recordó que la omisión de perspectiva de género no es una simple falencia técnica, sino una vulneración del derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Las nuevas audiencias y juicios por jurados buscarán garantizar un proceso más equitativo y ajustado a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y género.