La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó este martes un nuevo pedido presentado por la República Argentina en el marco del litigio por la nacionalización de YPF, exigiendo la entrega de información sobre todos los activos estatales en el exterior, incluidos aquellos considerados estratégicos para la defensa nacional. Esta decisión representa otro revés judicial para el país sudamericano, que ya había visto desestimada la semana pasada una moción para limitar el acceso a dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios involucrados en el caso.

El proceso de 'discovery', clave en el juicio que se tramita en Nueva York, implica la presentación de documentación relevante para ejecutar la sentencia millonaria dictada a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes demandaron a Argentina tras la expropiación de YPF en 2012. En 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes y condenó al Estado argentino a pagar USD 16.100 millones. Además, en junio pasado, Preska ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF, aunque esta medida fue apelada y suspendida temporalmente por el Segundo Circuito de Nueva York.

La Procuración del Tesoro argentino calificó las resoluciones como "equivocadas" y señaló que se están evaluando las vías procesales adecuadas para impugnarlas, en el marco de la estrategia general de defensa del Estado. "La República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles", expresó el organismo en un comunicado oficial.

El próximo jueves se celebrará una audiencia de seguimiento en Nueva York, donde se espera que se definan nuevos pasos procesales y posibles medidas de prueba. Mientras tanto, el caso sigue en apelación, pero las medidas de Preska avanzan para identificar activos argentinos que puedan ser embargados para ejecutar el pago de la sentencia. El debate público en Argentina incluye cuestionamientos sobre la jurisdicción del caso y el cálculo de intereses, mientras el gobierno insiste en fundamentar su defensa en la incompatibilidad de los requerimientos judiciales con la legislación nacional y estadounidense. El desenlace del litigio podría tener implicaciones significativas para el patrimonio estatal y la política energética argentina.