La disputa por la herencia de Beatriz Sarlo, una de las intelectuales más influyentes de la Argentina, ha escalado a una controversia judicial y mediática que involucra a su portero, su exmarido y el Estado porteño. Tras el fallecimiento de Sarlo en diciembre de 2024, el encargado del edificio donde residía, Melanio Meza López, se presentó ante la Justicia con dos notas manuscritas que, según él, lo designan responsable del departamento y de la gata de la escritora. Estos documentos, fechados en junio y agosto de 2024, están siendo sometidos a una pericia caligráfica para determinar su autenticidad.

En paralelo, Alberto Sato, exmarido de Sarlo, fue inicialmente excluido de la sucesión por el juez Carlos Goggi, debido a la separación de hecho de más de 50 años. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión, argumentando que no se le permitió ejercer su derecho a la defensa, y ordenó su reincorporación al proceso sucesorio. Ahora, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires también interviene en la causa, ya que, de no validarse el testamento y quedar Sato excluido, el patrimonio de Sarlo podría pasar al Estado porteño.

El caso ha generado preocupación entre el círculo íntimo de la escritora, quienes denuncian la venta de objetos personales y advierten sobre el riesgo de que su legado intelectual quede desprotegido. "Nos preocupa que, habiendo sido apartado el heredero legítimo, no haya control sobre el departamento y sus contenidos de incalculable valor cultural", expresaron en una carta pública. Además, sostienen que la voluntad de Sarlo era que su archivo y obra intelectual fueran resguardados en el CeDInCI.

Mientras tanto, la editorial que gestiona los derechos de autor de Sarlo ha informado que los pagos quedarán en suspenso hasta que la Justicia determine quiénes son los herederos legales. El debate sobre la interpretación de las notas manuscritas —si implican un legado o solo una responsabilidad de cuidado— y la definición de los herederos forzosos mantiene en vilo a la comunidad cultural y jurídica. El desenlace de este caso podría sentar un precedente relevante para futuras sucesiones de figuras culturales en el país.