La Justicia de Córdoba ha decidido elevar a juicio la causa contra Gabriela Nahir Fernández, una persona trans de 34 años, acusada de haber abusado sexualmente de siete reclusas en el penal femenino de Bouwer. Fernández, quien ingresó a prisión en 2016 bajo el nombre de Gabriel y fue condenada por lesiones y privación de libertad, solicitó en 2018 el reconocimiento de su identidad de género y fue trasladada al pabellón de mujeres.

Según la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández enfrenta cargos de abuso sexual simple reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante continuado, agravados por el conocimiento de ser portadora de sífilis, enfermedad que habría transmitido a varias víctimas. Además, se le imputa la coautoría en uno de los hechos junto a otras dos reclusas, Ingrid Roxana Florindo y Rocío Belén Montoya, quienes también serán juzgadas.

El caso ha generado un fuerte debate en el ámbito judicial y político. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó su repudio a las resoluciones que permiten traslados carcelarios por autopercepción de género, señalando: “Se le acepta el cambio de sexo para ir a una cárcel de mujeres y vuelve a cometer el mismo delito”. Por su parte, el juez penal Sebastián García Amuchástegui consideró que se trató de un “fraude a la ley” y subrayó la necesidad de analizar cada caso en particular para evitar abusos del derecho.

Actualmente, Fernández permanece en aislamiento dentro del penal femenino, mientras la provincia de Córdoba evalúa adherir a una resolución nacional que restringe los traslados de personas privadas de libertad por autopercepción de género posterior a la condena. La medida busca que los condenados cumplan su sentencia en el penal correspondiente al género que tenían al momento de cometer los hechos, aunque su implementación enfrenta desafíos por la saturación y falta de infraestructura en el sistema penitenciario.

El caso pone en evidencia las tensiones entre el respeto a la identidad de género y la protección de los derechos y la seguridad de las personas privadas de libertad, abriendo un debate sobre la aplicación de la ley y la necesidad de soluciones que contemplen ambas dimensiones.