El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma de las fuerzas federales de seguridad, abarcando a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida, implementada a través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, busca modernizar las estructuras, optimizar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos de la criminalidad actual.

Entre los principales cambios, la PSA amplía su alcance operativo y podrá intervenir fuera del entorno aeroportuario, asumiendo tareas de seguridad interior en otros medios de transporte. Además, se crea un nuevo escalafón técnico profesional y se reorganiza la estructura interna, incluyendo la figura del subdirector nacional y un sistema disciplinario renovado.

En el caso del SPF, la reforma más relevante es su traspaso del Ministerio de Justicia al de Seguridad, con la intención de coordinar una estrategia más eficaz contra el delito complejo, especialmente el crimen organizado que opera desde el interior de los penales. El nuevo estatuto introduce una estructura moderna, con direcciones generales específicas y un plan de infraestructura penitenciaria.

La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval también actualizan sus leyes orgánicas, jerarquías y competencias. Se refuerzan las tareas de control fronterizo y marítimo, y se incorporan funciones en el ciberespacio para combatir delitos digitales y ciberterrorismo. Asimismo, se profesionalizan los escalafones y se establecen nuevos sistemas disciplinarios y de control interno.

El Gobierno, a través de los considerandos de los decretos, subraya que la reforma apunta a una gestión más eficiente, transparente y profesional de la seguridad pública, adaptada a las amenazas contemporáneas. Sin embargo, sectores de la oposición han cuestionado la falta de debate parlamentario y advierten sobre el riesgo de otorgar atribuciones excesivas a las fuerzas, especialmente en materia de ciberpatrullaje y control preventivo.

La implementación de estas reformas se enmarca en la emergencia pública y la Ley Bases, con un plazo de 90 días para la adecuación interna de cada fuerza. Analistas coinciden en que el impacto será significativo en la gestión de la seguridad y el combate al delito complejo, aunque subrayan la necesidad de garantizar controles externos y el respeto a los derechos humanos.