El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, enfrenta una compleja investigación judicial por presunto fraude, lavado de dinero y administración irregular en el sistema de fotomultas y concesiones de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La causa, impulsada por el fiscal Álvaro Garganta, se ha convertido en una megainvestigación que involucra a funcionarios, empresarios y gestores, con ramificaciones en el extranjero y la sospecha de una red de corrupción que operaba en la provincia.

El avance de la investigación se vio alterado por una controvertida maniobra del juez provincial Juan Pablo Masi, quien solicitó al juez federal Adrián González Charvay que se declare incompetente y remita la causa federal por lavado de dinero a su juzgado en La Plata. Esta decisión generó sorpresa y rechazo entre los actores judiciales, especialmente por parte del fiscal Garganta, quien calificó la medida como "un disparate" y advirtió que Masi no tiene competencia para investigar delitos federales.

En el expediente federal, se acumularon pruebas sensibles sobre el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados, incluyendo información bancaria internacional y allanamientos en financieras y empresas vinculadas. Entre los bienes incautados figuran millones de pesos, dólares, euros y reales, así como documentación que apunta a sociedades pantalla y contratos direccionados. La investigación también reveló la existencia de gestores que ofrecían borrar multas de tránsito a cambio de dinero y adjudicaciones irregulares en el sistema de VTV.

La polémica se intensificó cuando Masi revocó la participación de la empresa SECUTRANS como querellante en la causa, una decisión que sorprendió incluso dentro del ámbito judicial. El historial de Masi, marcado por sobreseimientos rápidos y una suspensión por prevaricato en 2019, alimenta las sospechas de encubrimiento y connivencia, especialmente por su vínculo con el abogado que también representa a D’Onofrio.

D’Onofrio, por su parte, niega cualquier irregularidad y sostiene que todas las adjudicaciones y contratos se realizaron conforme a la normativa vigente. Sin embargo, la causa sigue sumando imputaciones y el desgaste público llevó a su renuncia en diciembre de 2024.

El caso expone una fuerte disputa entre la Justicia federal y provincial, con el nombre de D’Onofrio en el centro de un escándalo político y judicial que podría derivar en nuevas denuncias por manipulación procesal y encubrimiento. Las investigaciones continúan y se esperan definiciones clave en los próximos meses.