En un episodio que ha generado controversia en el ámbito político y mediático, Santiago Caputo, asesor presidencial y figura clave en el gobierno de Javier Milei, protagonizó un incidente con un fotógrafo durante un debate legislativo en Buenos Aires. El hecho ocurrió en el Canal de la Ciudad, donde Caputo bloqueó la cámara del fotógrafo Antonio Becerra y luego fotografió su credencial, un gesto que ha sido calificado como intimidatorio por diversos sectores.

El diputado de la UCR, Facundo Manes, denunció el incidente como parte de un patrón de conducta intimidatoria por parte de Caputo, incorporándolo como un "hecho nuevo" en una causa previa que había presentado contra el asesor presidencial. Según Manes, este tipo de acciones reflejan un uso recurrente de amenazas coactivas.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó el hecho, argumentando que Caputo solo quería verificar cómo había salido en la foto. "Estaba al lado de él, así que fui testigo presencial y ocular del hecho. Si vos me sacás una foto a mí, estoy en todo mi derecho, tenga o no una cuota de poder en algún lugar, en sacarte una foto", declaró Adorni en una conferencia de prensa.

El incidente ha reavivado el debate sobre la libertad de prensa en Argentina, especialmente en un contexto donde el presidente Javier Milei ha sido señalado por su retórica hostil hacia los medios. Según un informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), los ataques a la prensa aumentaron un 52.5% en 2024, con Milei como figura central en varios de estos casos.

Este episodio también pone de relieve las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación, en un país donde la relación entre el poder político y la prensa ha sido históricamente conflictiva. Organizaciones periodísticas y analistas han expresado preocupación por el impacto de estos incidentes en la confianza pública y en las instituciones democráticas.

Mientras tanto, el gobierno ha defendido a Caputo, argumentando que no hubo intención intimidatoria en sus acciones. Sin embargo, la oposición y diversas organizaciones han señalado que este tipo de conductas son inaceptables y representan un ataque a la libertad de expresión.

El debate sobre este incidente continúa, con implicaciones que podrían extenderse más allá del ámbito mediático, afectando la percepción pública sobre la relación entre el gobierno y los medios en Argentina.