La investigación judicial sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo ha sacudido al sistema sanitario y político argentino tras la muerte de al menos 52 personas por consumo de fentanilo contaminado. El caso, que involucra a pacientes de hospitales bonaerenses, especialmente en La Plata, ha destapado una compleja red de vínculos entre empresarios, funcionarios, jueces y políticos tanto en Argentina como en Paraguay.

Ariel García Furfaro, principal responsable de los laboratorios, realizó al menos 30 viajes a Paraguay entre 2013 y 2025, muchos de ellos en aviones privados. Según registros oficiales, en los últimos 18 meses se intensificaron los cruces fronterizos, coincidiendo con la instalación de una planta farmacéutica en Ciudad del Este, en la Triple Frontera. Esta planta, de 6000 m2 y capacidad para 200 empleados, fue facilitada por el ex presidente paraguayo Horacio Cartés, quien gestionó exenciones fiscales y créditos blandos para el emprendimiento.

La Aduana argentina denunció que equipos y materias primas, adquiridos con licencias SIRA y dólares oficiales, fueron sobrefacturados y desviados directamente a Paraguay, violando la normativa que prohíbe la reexportación de bienes comprados a dólar oficial. El expediente, que tramita en el Juzgado Penal Económico de Pablo Yadarola, investiga contrabando agravado y posible lavado de dinero. Paralelamente, la Procunar anexó una denuncia anónima por posible narcotráfico en las plantas bonaerenses.

El entramado de HLB Pharma se sostiene en una red de contactos políticos y judiciales, que habría facilitado la obtención de contratos estatales, evitado inspecciones y frenado cierres. Entre los nombres mencionados figuran funcionarios, jueces y empresarios de ambos países. Proveedores y empleados, por su parte, niegan haber conocido irregularidades, aunque admiten deudas y traslados de maquinaria.

La justicia argentina, junto a organismos como la Aduana y la Procunar, continúa investigando el destino de los fondos públicos, la posible complicidad estatal y el rol de la planta en Paraguay en la producción y distribución de opioides adulterados. El caso ha encendido las alarmas sobre los controles en la cadena farmacéutica y la vulnerabilidad del sistema ante redes de corrupción y crimen organizado.