En Córdoba Capital, un conflicto entre inquilinos y propietario por mejoras en una vivienda alquilada se convirtió en un caso viral que expone las tensiones y vacíos legales del mercado de alquileres argentino. La historia comenzó hace tres años, cuando una familia alquiló un dúplex moderno en la zona noroeste de la ciudad. Al ingresar, la propiedad presentaba varios detalles sin terminar: el patio era solo tierra, el agua de lluvia se acumulaba sin desagüe y las aberturas de la planta alta carecían de rejas, en un barrio con problemas de inseguridad.

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la seguridad del hogar, los inquilinos invirtieron de su bolsillo en diversas mejoras: nivelaron el patio, instalaron desagües, colocaron césped y baldosas, construyeron una pileta de ladrillo y cemento iluminada, instalaron un fogonero y colocaron rejas a medida en el piso superior. Estas obras fueron comunicadas verbalmente a la inmobiliaria, pero nunca consensuadas formalmente con el propietario.

Al finalizar el contrato y acercarse la fecha de entrega de la vivienda, la familia solicitó al propietario algún tipo de reconocimiento económico por las mejoras realizadas, esperando una reducción en el alquiler o una compensación. Sin embargo, la respuesta fue negativa y tajante: el dueño mantuvo el valor de alquiler original y exigió la restitución de la casa en el mismo estado en que fue entregada. Todas las negociaciones se realizaron a través de la inmobiliaria, sin diálogo directo entre las partes.

Ante la falta de acuerdo, los inquilinos tomaron una decisión drástica: "Nosotros dejamos la casa igual que como la recibimos. Todo lo que pusimos lo sacamos, porque nunca lo aceptó. Hasta el limonero nos llevamos", relató un miembro de la familia. Contrataron operarios para retirar el césped, las baldosas, las rejas, el fogonero y desarmaron la pileta, cubriéndola con tierra. El patio volvió a ser un cúmulo de tierra y la vivienda recuperó su aspecto original.

El caso se viralizó en redes sociales y fue comentado con ironía, convirtiéndose en símbolo de la tensión creciente entre inquilinos que invierten en casas ajenas y propietarios que no reconocen esas inversiones. Expertos señalan que la derogación de la Ley de Alquileres dejó un vacío legal sobre el reconocimiento de mejoras, lo que dificulta la resolución de conflictos y expone la necesidad de un marco regulatorio claro que proteja a ambas partes. Situaciones similares se repiten en otras ciudades argentinas, evidenciando la urgencia de una legislación que evite perjuicios y tensiones en el mercado de alquileres.