Tres policías bonaerenses fueron detenidos en la Comisaría 1ª de Moreno, provincia de Buenos Aires, acusados de torturas, vejaciones y abuso de autoridad contra al menos diez personas privadas de su libertad. La investigación se inició tras una denuncia presentada en agosto por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que realizó una visita sorpresiva a la dependencia policial y entrevistó a los detenidos.

Según la denuncia, los agentes Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito, integrantes del Gabinete Técnico Operativo, sometieron a los detenidos a golpizas, amenazas, humillaciones y torturas, incluyendo la aplicación de corriente eléctrica en los pies mediante cables conectados a una batería. Uno de los testimonios más impactantes relata que las víctimas eran trasladadas al primer piso, obligadas a desvestirse y amenazadas con abusos sexuales, además de sufrir la destrucción de sus pertenencias.

La fiscalía especializada en violencia institucional, a cargo de Erica Chiessi, tomó intervención inmediata y, tras reunir pruebas y testimonios, solicitó al Juzgado de Garantías N°1 las órdenes de allanamiento y detención, que fueron ejecutadas por la Policía Federal. Durante los procedimientos se secuestraron elementos presuntamente utilizados en las torturas y se constató la eliminación de registros de cámaras de seguridad.

La jueza Adriana Julián rechazó los pedidos de eximición de prisión de los policías, quienes se negaron a declarar ante la justicia. La comisaría permanece clausurada para alojar detenidos, y la investigación continúa para identificar a otros posibles responsables.

La CPM, que actúa como mecanismo local de prevención de la tortura, subrayó que la Comisaría 1ª de Moreno ya estaba bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2014 debido a las condiciones de detención. El caso ha reavivado el debate sobre la violencia institucional y la necesidad de reformas estructurales en el sistema policial argentino. Las autoridades judiciales y de seguridad han reiterado su compromiso con la protección de los derechos humanos y la investigación exhaustiva de los hechos.