En una jornada marcada por la tensión y la movilización de cientos de taxistas y remiseros, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves la ordenanza que regula el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify. La votación, que se desarrolló tras intensos debates y bajo fuerte presencia policial, resultó en 28 votos a favor, 12 en contra y una abstención, reflejando la polarización del tema en la ciudad.

La nueva normativa elimina el cupo fijo de licencias para operar, aunque otorga al Ejecutivo municipal la facultad de establecerlo de manera excepcional según la demanda y la población. Las empresas deberán registrarse en un sistema digital municipal, cumplir con requisitos técnicos y de seguridad, y los conductores presentar antecedentes penales y seguros. Además, taxis y remises que cumplan con los requisitos podrán incorporarse a las aplicaciones sin estar sujetos a cupo.

El debate estuvo atravesado por la presión de los gremios del sector y la protesta de taxistas, quienes desde temprano se congregaron en las inmediaciones del Concejo bajo la consigna “Taxis y remis, todos unidos”. La situación escaló con incidentes entre manifestantes y la Policía, generando cortes parciales de tránsito en los puentes Alvear y Maipú. Jorge Montes, titular de la Asociación de Permisionarios de Taxis, expresó su rechazo visceral a la regulación, acusando al gobierno provincial de favorecer a las plataformas digitales y advirtiendo que “vamos a resistir hasta la última gota de sangre”.

Desde el oficialismo, el viceintendente Javier Pretto defendió la iniciativa como una herramienta para equilibrar los intereses de usuarios y prestadores, siguiendo los lineamientos del Tribunal Superior de Justicia y buscando cerrar una etapa de años de judicialización iniciada en 2018. Pretto destacó que “acabamos de aprobar un marco regulatorio que le va a dar legalidad al uso de las aplicaciones. Esto es fruto del consenso en los bloques”.

Por su parte, representantes de Uber, DiDi y Cabify celebraron la apertura del mercado, aunque advirtieron sobre los riesgos de requisitos restrictivos y la posibilidad de que el cupo vuelva a limitar la oferta. Sectores de izquierda y organizaciones de trabajadores criticaron la “uberización” y la precarización laboral, reclamando soluciones colectivas y estatales para la crisis del transporte.

La aprobación de la ordenanza marca un hito en la modernización del sistema de transporte de Córdoba, aunque deja abiertas tensiones y desafíos para su implementación. El impacto en la competencia, la calidad del servicio y las condiciones laborales será seguido de cerca por todos los actores involucrados.